|
Migracomentario: SOBERANIA Y LOS
PUEBLOS OCULTOS DE Por: Manolo Palacios P.,
Migrapress-Marburg-marzo 2008 
¿En que sentido se entiende la soberanía?: “El territorio del Ecuador constituye una unidad histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros pueblos milenarios. Comprende el espacio continental, lacustre y fluvial, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos; el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. [..]”. Este es el primer artículo que fue aprobado por la Comisión de Soberanía de la Asamblea Constituyente, sobre la nueva Constitución, por una gran mayoría. A pesar de la órbita de rechazo y oposición que se ha producido en todo Latinoamérica y en especial en el Ecuador, por estas violaciones a la soberanía del territorio ecuatoriano, los derechos humanos de los pueblos ocultos de la Amazonía continúan en una permanente violación. Me llama mucho la atención la siguiente nota periodística: “La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), a través de su Secretario General, Juan de Dios Parra, expresó en Quito, a principios del mes de febrero pasado: “su más alta preocupación ante la alarmante denuncia del presidente de la etnia de los Huaoranis, Enrique Enguime, sobre la cruenta masacre de alrededor de 15 indígenas ecuatorianos por parte de madereros colombianos, ocurrida en una apartada zona de la provincia de Orellana, por oponerse a la tala de árboles“. La denuncia confirma que: "De acuerdo a las declaraciones del presidente de los Huaoranis, los nativos asesinados, entre los que además se encontrarían niños, pertenecerían a los grupos étnicos Tagaeri y Taromenani, pueblos que viven en aislamiento voluntario, y que en su condición de pueblos originarios constituyen parte del patrimonio sociocultural tangible e intangible de la humanidad y por tanto merecen la mayor atención y protección de parte del Gobierno del Ecuador, de los organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional“. Por la gravedad de lo anteriormente descrito, y con el fin de impedir que nuevas masacres se produzcan en dicha zona fronteriza, la ALDHU considera que este nuevo delito no puede quedar impune y que el Gobierno del Ecuador debe tomar todas las medidas pertinentes para clarificar tan execrable hecho, llevando a cabo las investigaciones necesarias a fin de identificar y sancionar a los responsables del mismo. De igual manera, el Secretario General de ALDHU exhortó al Gobierno del Ecuador. “a que exija a Colombia que responda ante la comunidad internacional por este nuevo crimen", finalizó Parra. Este hecho también fue denunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE que asegura que sí existió la matanza de nativos de las nacionalidades Tagaeri y Taromenani en la reserva del Yasuní, atribuida a madereras que trabajan ilegalmente. Asimismo, indicó que la Comisión Especial que fue enviada por el Gobierno Nacional para constatar estos asesinatos no llegó al lugar mismo de los hechos, precisando que el Parque Nacional Yasuní no está protegido: “...porque a pesar de ser una zona considerada intangible, no existen los controles para cuidar los recursos naturales de la zona“. La Conaie, a través de su Presidente Marlon Santi, afirma que “es una zona prohibida por el Estado ecuatoriano para la explotación de recursos y lo que están haciendo los madereros, está al margen de la Ley la explotación de madera”, al tiempo de reiterar que a esa zona intangible se podría llegar con el ejército ecuatoriano, pero se teme que las nacionalidades Tagaeri y Taromenani reaccionen de una forma negativa, por los asesinatos que han sucedido. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) pidió la protección constitucional de la integridad de los pueblos indígenas ancestrales ante esta denuncia. Dichos pueblos viven en situación de extrema fragilidad debido a su vulnerabilidad, desprotección y asimetría frente al avance de la civilización y el desarrollo. Esto se ha traducido en colonización de sus territorios, comercio ilegal de madera y extracción de los recursos naturales no renovables. Estos problemas afectan la sobrevivencia de estos pueblos y además ponen en riesgo la integridad de la biodiversidad y la conservación de gran parte del Parque Nacional Yasuní, reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera, según Declaración de la UNESCO en 1989. La ALDHU puntualiza que “este nuevo delito no puede quedar impune y que el Gobierno de Ecuador debe tomar todas las medidas pertinentes para clarificar tan execrable hecho, llevando a cabo las investigaciones necesarias a fin de identificar y sancionar a los responsables del mismo“. El Gobierno del Presidente, Rafael Correa, debe intervenir de manera clara, para cancelar las ilegales concesiones mineras y petroleras, respetar y proteger los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas. .“Los militares están para defender la patria, no para custodiar las acciones ilegales y los negocios de las compañías mineras. Los responsables de las agresiones contra las poblaciones indígenas deben ser sancionados“. Llama mucho la
atención la protesta y la urgente
decisión del Gobierno ecuatoriano, para frenar estas masacres en
territorio
amazónico, sin embargo, cuando la masacre fue por parte de las
fuerzas armadas
colombianas, las autoridades llegaron al sitio de los acontecimientos a
las
pocas horas de cometerse el delito; pero en el
caso de los indígenas, las
comisiones especiales no encuentran el camino de investigación y
se da poca
importancia a las denuncias indígenas. La
doctrina del Gobierno de los Estados Unidos se
vuelve igual a la de Irak y Afganistán - sólo bombas. Las
armas se vienen a
legalizarse en América Latina, donde las bombas explotan la
soberanía y
predomina el loro, el mico y las madereras, todo, menos los seres
humanos. |
