¿Quiénes deben tomar las decisiones sobre los contenidos informativos que necesitan los ciudadanos para acercarse a la realidad, interpretarla y tomar decisiones sobre ella? Los ciudadanos.

Una sociedad ejerce la democracia mediática cuando quienes tienen la palabra son los afectados, la gente a la cual perjudica o beneficia cada decisión del poder político.

¿Quiénes son los afectados, perjudicados o beneficiarios de las decisiones del poder político? Los ciudadanos.

Son ellos quienes tienen el deber y el derecho de construir el modelo de comunicación que se adapte a sus necesidades, a su historia colectiva, a su historia cotidiana, a la búsqueda de caminos para llegar al pais que ellos quieren: diverso, inclusivo, amplio, respetuoso.

Es cierto que a los ciudadanos les corresponde exigir que las políticas mediáticas de las empresas periodísticas privadas tengan el objetivo de educarnos, de darnos luces, de crear espacios pluralistas y abiertos donde ejerzamos la libertad de opinar, aportar, expresarnos, deliberar, debatir, aportar con ideas constructivas. Les corresponde exigir que esas políticas les entretengan, diviertan y eduquen estéticamente con respeto y buen gusto.

Pero también es cierto que esos derechos no terminan allí. Más bien se fortalecen y refuerzan frente a las políticas estatales de información. Así que, en este caso, a los ciudadanos les toca, con mayor razón, incidir directamente en las líneas maestras de comunicación, conminar a quienes les representan -o dicen representarlos- a que desde sus distintas posiciones de poder garanticen el derecho de todos a la información oportuna, directa, sin restricciones, sin filtros.

Hace dos meses, en un debate pre-electoral sobre medios de comunicación escuché, con cierto asombro y mucha desazón, que uno de los asistentes, identificado como apasionado seguidor de Alianza País (AP), dejó en escombros el trabajo de la prensa y los periodistas ecuatorianos y planteó la necesidad de que cuando AP llegue a la asamblea y sea mayoría absoluta haga lo mismo que han hecho, según él, los poderes mediáticos: control de contenidos, restricción de espacios a la oposición, apoyo irresctricto al gobierno.

Mi respuesta en aquel foro fue que si en realidad AP dice ser la alternativa a la partidocracia debería tener cuidado sobre su concepción del poder y debería ejercerlo de la manera en que espera la mayoría ciudadanía que confía en ellos.

Muchos ecuatorianos tienen fe en que AP es un proyecto distinto, nuevo, capaz de escuchar, con sentido de que el poder político democrático implica no tomar resoluciones arbitrarias. Por eso, cuando escucho versiones, aparentemente no oficiales, de que podría haber restricciones “técnicas” a la cobertura periodística de los medios en la Asamblea me niego a creer que sea un problema de infraestructura.

Más bien sospecharía que detrás de esas declaraciones, ahora desmentidas, podría esconderse una actitud reduccionista y maniquea que se sintetice en que a las medias verdades del pasado hay que responder con las medias verdades del futuro.

Cuidado. Una ética a espaldas de los derechos de los ciudadanos no es lo que espera el alto porcentaje de ecuatorianos que confía en AP.